jueves, 20 de enero de 2011

Abuso infantil y mal periodismo / Child abuse and bad journalism

Esta mañana, como todas las mañanas, prendí mi computadora, abrí mi navegador y entré a Reforma.com a leer las noticias de México. Me recibió el siguiente encabezado: “Revelan que Iglesia pidió ocultar abusos.” Sin estar sorprendido de encontrar aún otro intento por manchar la reputación de la Iglesia Católica, decidí leer el artículo para ver de qué nueva maldad estaban acusando al Papa y a sus secuaces.

He aquí un breve resumen del artículo: los medios de comunicación de Irlanda revelaron una carta enviada por el Vaticano en 1997 en la que a los obispos de Irlanda se les advirtió: “que no reportaran a la Policía todos los casos de supuesto abuso a menores por parte de sacerdotes.” La conclusión lógica de esto es obvia: “La carta contradice los argumentos de El Vaticano de que jamás se dio orden a los Obispos locales a ocultar pruebas o sospechas de delitos a la Policía”, y: “Grupos defensores de las víctimas la caracterizaron como la prueba contundente necesaria para demostrar que la sede de la Iglesia católica impuso una política mundial de encubrimiento.” CNN publicó un artículo sobre el mismo tema y lo encabezó: “Víctimas de Abuso Irlandesas 'asqueadas' por carta del Vaticano” y su analista de asuntos vaticanos lo llama: “una vergüenza para el Vaticano.” El asco estaría justificado, la vergüenza sería real, si y sólo si la premisa de estas acusaciones fuera cierta. Pero no lo es.

Ahora bien, pienso que sólo puede haber dos posibilidades para que estos reporteros publiquen esto. O son unos iletrados o son malintencionados. Si son iletrados, entonces podemos asumir que no entendieron lo que decía la carta, en cuyo caso, no deberían de estar escribiendo sobre ella. Si son malintencionados, uno sólo puede especular a qué intereses perversos sirven y por qué están tan prontos a beneficiarse del sufrimiento de las víctimas. En cualquier caso, estos periodistas (si les podemos llamar tales) fueron lo suficientemente ingenuos como para dejarnos la evidencia necesaria para probarlos equivocados: la carta misma. Para llegar a la verdad detrás de este asunto uno sólo necesita leerla.

Usaré la carta como la única fuente de información dado que es la única evidencia que los acusadores usaron. Primero, es necesario situar el contexto. De lo que dice la carta, uno puede ver que el Comité de Asesores de los Obispos Irlandeses publicó un documento titulado: “Child Sexual Abuse Framework for a Church Response”, que parece ser una serie de instrucciones sobre cómo manejar el abuso de menores. Entre estas instrucciones, hay una que ordena que se reporten, de forma obligatoria, tales casos. Este documento fue analizado por la Congregación para el Clero, una de las oficinas de la Curia Romana (el “gobierno” Vaticano, por llamarlo de una forma). La Congregación respondió diciendo que el documento contiene “procedimientos y disposiciones que parecen ser contrarias a la disciplina canónica.” Lo que esto significa es que los procedimientos y disposiciones contenidas en ese documento no están en concordancia con el Código de Derecho Canónico, la ley más alta de la Iglesia. En particular, los procedimientos de reporte obligatorio, según la congregación, caerían en esta categoría.

Por tanto, la Congregación está diciendo que es necesario cambiar esas disposiciones para que estén de acuerdo con el Derecho Canónico para así evitar la posibilidad de que el sacerdote acusado apele a una instancia de mayor jerarquía y quede exonerado debido a la invalidez de esos procedimientos. Eso es lo que quiere decir: “los procedimientos establecidos por el Código de Derecho Canónico deben ser seguidos meticulosamente bajo pena de invalidez de los actos involucrados si el sacerdote hiciera recurso jerárquico contra su Obispo.” En ningún momento se está ordenando ocultar a los sacerdotes abusadores, lo que se está haciendo es defender uno de los principios esenciales de cualquier sistema de derecho: la congruencia entre los distintos niveles de leyes.

Quizá un ejemplo tomado del Derecho secular pueda ayudar a entender esto. Supongamos que el abuso de niños fuera un acto que no está penalizado. Supongamos que se aprueba legislación que condena a cualquier sospechoso de abuso infantil a ser ejecutado sin juicio. Supongamos también que un hombre es arrestado en flagrante acto de abuso infantil, por lo que hay pruebas contundentes de su culpabilidad. Conforme a la legislación recién aprobada, este hombre debería ser ejecutado, aún si no hubiera pruebas de su culpa. Supongamos que este hombre apela a una instancia superior, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte dejaría a este hombre libre (aunque es culpable y hay pruebas de ello) porque la ley que lo condena es inconstitucional. En este caso hipotético, la Suprema Corte no estaría protegiendo al pederasta, sólo estaría protegiendo el derecho a un juicio que está garantizado por la Constitución. No sería culpa de la Suprema Corte el que este hombre quedara libre. Sería culpa de los legisladores que no promulgaron una ley válida.

La posición de la Congregación para el Clero es análoga a la de la Suprema Corte de nuestro ejemplo. El hecho de que exista una cláusula que ordena que se reporten los abusos a las autoridades no es lo que está mal. Lo que está mal es la implementación de esa cláusula pues se puede usar para beneficio del acusado. Si no se está en concordancia con el Derecho Canónico, el abusador podría apelar al Vaticano donde entonces quedaría absuelto por la invalidez de los procedimientos originales. Esto es lo que significa: “Si tales procedimientos fueran seguidos por los Obispos y se diera el caso de un recurso jerárquico ante la Santa Sede, los resultados serían muy vergonzosos y serían en detrimento de las mismas autoridades diocesanas.” El criminal sería declarado inocente, las autoridades se verían increíblemente ingenuas (de ahí el “resultados muy vergonzosos”) y las víctimas quedarían sin que se les hiciera justicia. En pocas palabras, la carta en realidad está pidiendo a los Obispos que corrijan sus políticas para que sacerdotes abusivos no se puedan escabullir entre los recovecos legales. Eso es muy distinto a “imponer una política mundial de encubrimiento.”

No sé que es lo que haya llevado a estos reporteros (e incluso a esos grupos de defensa de víctimas) a malinterpretar de tal forma la carta. No importa si es por estupidez, ignorancia o mala voluntad. Lo que importa es que las víctimas puedan conocer la Verdad pues sólo en ella podrán encontrar paz. Muchos de los abusadores han muerto y muchos de los casos prescribieron, por lo que ya es imposible hacer justicia. Lo menos que merecen las víctimas es saber lo que se hizo y lo que se está haciendo para evitar que tales tragedias ocurran. La libertad de expresión trae consigo la obligación de decir la verdad, no es un derecho que se puede ejercer sin responsabilidad alguna. Las víctimas de abusos deberían de estar asqueadas no con el Vaticano sino con los reporteros y medios de comunicación a los que les importa muy poco lo que realmente sucedió.



This morning, as I do every morning, I turned my computer on, opened my browser and directed it to Reforma.com to read the news from home. I was greeted with the following headline: “It is revealed that Church asked to hide abuses.” Not surprised at finding yet another attempt to smear the reputation of the Catholic Church, I decided to read the article and see what new devilry the Pope and his minions were being charged for.

The content of the article can be summarized thus: the media in Ireland has disclosed a 1997 letter from the Vatican in which the bishops of Ireland were “warned not to report all the cases of alleged abuse of minors by priests to the police.” The logical conclusion of this is obvious: “the letter contradicts the arguments made by the Vatican that it never gave orders to local bishops to hide evidence or suspicions of crimes from the police”, and “Victims defense groups characterized it as the forceful proof necessary to demonstrate that the see of the Catholic Church imposed a worldwide policy of cover-ups”. CNN titles its on-line article on the same topic as: “Irish abuse victims 'disgusted' at Vatican letter” and their Senior Vatican analyst calls it “an embarrassment for the Vatican”. This disgust would be justified, this embarrassment would be real, if only the basic premise of these claims, namely, that the Vatican letter ordered the cover-up of abusive priests, were true. But it is not.

Now, I can think of only two possibilities as to why these reporters published this. They are either stupid or ill-intentioned. If stupid, then we can assume that they were incapable of understanding what the letter said, in which case, they should most definitely not be writing about it. If ill-intentioned, one can only wonder as to what evil interests they serve and why they are so quick to make a profit out of the suffering of the victims. In any case, these journalists were naive enough to provide us with the necessary evidence to prove them wrong: the letter itself. To find out the truth of this matter, one needs only to read it.

I will use the letter, which I found in a low-resolution yet readable format, as the only piece of evidence, since that is the only evidence the accusers used. First of all, we need to place it in context. From what the letter says, one can see that the Irish Catholic Bishop's Advisory committee published a document titled: “Child Sexual Abuse Framework for a Church Response”, which seems to be a series of guidelines as to how to handle child abuse cases. Among these guidelines, there seems to be one that requires “mandatory reporting” of such cases. This document was then analyzed by the Congregation for the Clergy, a branch of the Roman Curia (the Vatican government, so to speak). The Congregation responded by saying that the document contains “procedures and dispositions which appear contrary to canonical discipline.” What this means is that the procedures and dispositions contained in the document contradict, at least in appearance, Canon Law, the highest law of the Church. In particular, the procedures on mandatory reporting, according to the Congregation, seem to fall in this category.

Therefore, the Congregation says that it is necessary to change those dispositions so that they are in accord with Canon Law to avoid the possibility of the accused priest of appealing to a higher instance and being exonerated because of the invalidity of those procedures. That is what is meant by: “the procedures established by the Code of Canon Law must be meticulously followed under pain of invalidity of the acts involved if the priest so punished were to make hierarchical recourse against his Bishop.” The order to cover-up abusive priests simply does not exist. This request is simply a defense of one of the essential principles that allows a decent legal system to exist: the congruence between different levels of laws.

Perhaps an example from secular law could help understand what this is saying. Suppose that child abuse were an issue that was not previously punished. Suppose that legislation is approved that condemns anyone suspicious of abusing a child to be executed without a trial. Suppose also that someone is arrested while abusing a child, and, therefore, with full proof of his guilt. According to the newly approved legislation, even without being proven guilty, this man would be executed. However, this man appeals to a higher court, all the way up to the Supreme Court. The Supreme Court would free this man (even though he is guilty and there is evidence to support that) on account of the first law being unconstitutional. In this hypothetical case, the Supreme Court would not be protecting the child molester, it would only be upholding the right to a fair trial which is guaranteed by the Constitution. It would not be the Supreme Court's fault that this man is set free, it would be the legislators' because they did not write a valid law.

The Congregation for the Clergy is in a situation analogous to that of the Supreme Court of our example. The fact that there is a mandatory reporting clause is not what is wrong. What is wrong is that the implementation of that clause can lend itself to benefit the abuser. Maybe it was not worded adequately. If not in accordance to Canon Law, the abuser can appeal to the Vatican who would then have to absolve him. This is what is meant by: “If such procedures were to be followed by the Bishops and there were cases of eventual hierarchical recourse lodged at the Holy See, the results would be highly embarrassing and detrimental to those same Diocesan authorities.” The criminal would be left free, the authorities who charged him would look like fools (hence, the “highly embarrassing”) and the victims would be left without justice. In a few words, the letter is actually telling the Bishops to fix their policies so that abusive priests cannot use these legal loopholes to get away with their crimes. That is very different from “imposing a world-wide policy of cover-ups.”

I do not know what led these reporters (and the groups that supposedly defend the victims) to so grossly misinterpret the letter. Whether it was stupidity, illiteracy or simply ill will, is not what matters. What matters is that the victims deserve to know the Truth because only in Truth will they find peace. Freedom of speech comes with the obligation of speaking the Truth, it is not a right that can be exercised without any responsibility. The victims of abuse should be disgusted not with the Vatican but with the reporters and the media that care little about what truly happened.

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