Hace unas semanas, se presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley que pretendía legalizar el consumo de mariguana en la Ciudad de México. La iniciativa la presentó Víctor Círigo, conocido diputado del PRD. Esta polémica iniciativa fue rechazada de inmediato por amplios sectores de la sociedad y por el propio Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Días después, otro destacado perredista presentó una iniciativa similar al Senado de la República. Todo esto para demostrarle a la ciudadanía que sí trabajan…
Más allá de si esa sea una solución al problema del narcotráfico o no, y más allá de si es lo mejor que podemos hacer para combatir a las drogas (lo cual es evidentemente falso), yo quiero enfatizar un punto al que se le hizo muy poco caso pero que me parece importantísimo. Según esa iniciativa, el gobierno se encargaría de vender (en dosis limitadas supuestamente) la droga. Al leer ese punto sentí un escalofrío. Como si no fuera suficiente que el gobierno se quede con toda la renta petrolera, con todos los ingresos que se obtienen de la generación de energía en el país y con todos los impuestos que nos cobra, ahora se quieren quedar con el lucrativo negocio de las drogas. Es decir, el gobierno ahora se enriquecería a costa del suicidio de los ciudadanos. ¡Esa iniciativa es un coqueteo con el totalitarismo!
Me parecería terrible que le diéramos semejante poder al gobierno y más a tan nefastos gobiernos como los que hemos padecido en el Distrito Federal. Imaginen el daño tan grave que causarían a nuestra ciudad si tuvieran acceso directo a los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico. Si ahorita, con solo controlar a los vendedores ambulantes, a los invasores de predios y a los taxistas piratas el PRD hace y deshace a voluntad en la ciudad, imaginen el poder que tendrían controlando las drogas. El poder que ahorita tienen los grandes cárteles se lo transferiríamos al gobierno. Eso debería de tenernos a todos temblando de miedo. Y más si tomamos en cuenta la clase de gobernantes megalómanos que hemos tenido en el Distrito Federal.
Les pongo un ejemplo que quizá suene exagerado pero que es muy probable que se dé si se aprobara semejante ley. Supongan una cantidad de adictos que regularmente adquieran su dosis (supuestamente limitada). Supongan que fueran unos 10 mil, por decir un número. Se acerca un año electoral y entonces los vendedores oficiales empiezan a limitarles la dosis. Siendo adictos, su desesperación irá en aumento a medida que no puedan satisfacer su necesidad. Entonces los vendedores les condicionan la venta de estupefacientes a cambio de participar en marchas, protestas e incluso a que otorguen su voto a un partido determinado (que siendo este negocio dependiente del gobierno, sería el partido en el poder). Muchos podrán decir que este escenario es una exageración mía y que jamás podría ocurrir. Esto ya ocurre con los invasores de predios. Me consta. He hablado con gente víctima de extorsiones de este tipo. Me han contado cómo funciona y cómo hay personas desalmadas que abusan de la gente pobre. Por eso sé que lo de “primero los pobres” siempre ha sido una grandísima mentira.
También creo que los que apoyan esta iniciativa tienen otras oscuras intenciones. Las mismas que los llevan a “defender” a PEMEX a ultranza. Saben que si el gobierno controla estos negocios y ellos están en el gobierno, podrán despacharse con la cuchara grande. Si no es a través del gobierno, a través de los sindicatos. Imaginen un nuevo SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de Estupefacientes) dirigido por un caudillo como Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo. Sólo pensarlo me provoca pavor. Estos políticos corruptos sólo piensan en sí mismos y en cómo aprovecharse del país.
Por ello, los ciudadanos debemos estar atentos a las propuestas de nuestros representantes. Debemos vigilar que no quieran asumir poderes que no les corresponden. Debemos cumplir con nuestra función de contrapesos de los gobernantes. No olvidemos que en una democracia, nosotros somos los que mandamos. Los funcionarios públicos de todos los niveles (electos y designados) son sólo representantes nuestros. Son nuestros empleados. No dejemos que se aprovechen de la apatía o del miedo de la ciudadanía.
El combate al narcotráfico es parte de una guerra sin cuartel que ya cobró y seguirá cobrando muchas vidas. Sin embargo, es un combate en el cual no podemos rendirnos. La soberanía nacional sí depende de que triunfemos en esta guerra. Legalizar la droga quizá podría acabar con los cárteles de droga, pero el narcotráfico no es el problema de fondo. El problema de fondo es que miles si no es que millones de nuestros niños, jóvenes y adultos encuentran una salida falsa a través de las drogas (incluyendo el alcohol). Ese es el problema que realmente debemos atacar y legalizar las drogas no nos ayuda a resolverlo.
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