Las comisiones de derechos humanos ¿defienden a los delincuentes?

Se ha vuelto una práctica común en los medios atacar a las comisiones de derechos humanos por “defender” a delincuentes. Que los medios lo digan no me preocupa ya que, finalmente, se dedican a exagerar la realidad para ganar dinero. Lo que me preocupa es que esta idea se ha repetido tantas veces que ha permeado entre los ciudadanos. Esta negatividad de los medios ha hecho que la ciudadanía vea con recelo la defensa de los derechos humanos. Eso debería de preocuparnos a todos.

Las comisiones de derechos humanos no pueden “liberar” delincuentes ya que carecen del poder legal de hacerlo. Su función se limita a atender quejas de ciudadanos que creen que sus derechos han sido violentados por las autoridades y a buscar soluciones a esos conflictos. Ni siquiera se dedican a resolver casos entre particulares. Por tanto, si yo voy y discrimino a alguien, y ese alguien se queja con alguna comisión de derechos humanos, ésta no puede iniciar una queja contra mí porque no está facultada para ello. En todo caso, orienta a ese alguien a que acuda a la instancia correspondiente (el CONAPRED por ejemplo). Lo más que puede hacer una comisión de derechos humanos es emitir las llamadas Recomendaciones en las cuales hacen de conocimiento público un caso de violación de los derechos humanos, a las autoridades involucradas y en las que les piden cumplir con cierto número de puntos recomendatorios para poder sanar el daño. Sin embargo, éstas no pasan de ser un “regaño”. No tienen facultad de “forzar” a una autoridad a respetar los derechos humanos.

Entonces, ¿por qué siempre que intervienen estas comisiones sale un delincuente de la cárcel? Estos casos son los más sonados y los que más desprestigian a las comisiones de derechos humanos. Pero, basta con investigar un poco para descubrir que la liberación del supuesto delincuente no se debe a ellas sino a la mala (o nula) investigación de parte de las autoridades correspondientes. Veamos por qué. Primero, hay que ver que esto sucede sobre todo en casos que generan una fuerte indignación social y que, por tanto, aparecen en los medios masivos de comunicación como los casos de secuestradores, violadores o narcotraficantes. En esos casos, las autoridades se sienten presionadas a encontrar un culpable y a encontrarlo pronto con tal de quedar bien ante la opinión pública (sobre todo si hay elecciones próximas). Esa presión se la pasan a los mandos medios y éstos a sus subordinados, los cuales agarran a un primer sospechoso y, con tal de acelerar el proceso, recurren a métodos ilegales para arrancar una confesión o algún testimonio incriminatorio. El supuesto delincuente recurre a una comisión de derechos humanos a quejarse y ésta interviene para investigar lo sucedido. Si llegan a acreditar la tortura o abusos de parte de las autoridades, esto se hace de conocimiento público. En ese momento, los abogados del implicado (que no son unas hermanas de la caridad) aprovechan esa investigación para desechar toda la evidencia que se obtuvo de forma ilegal (así es en cualquier sistema legal que se pueda considerar decente). Entonces, como las autoridades no investigaron a fondo ni armaron un buen caso, quedan sin evidencia válida y el supuesto delincuente sale libre. ¿Qué hacen entonces? Buscar un chivo expiatorio y culpar a las comisiones de derechos humanos.

Por tanto, los verdaderos culpables de que los delincuentes anden en las calles son los agentes del Ministerio Público, las corporaciones policíacas y las Procuradurías de Justicia. Si recolectaran buena evidencia y armaran casos lo suficientemente sólidos, entonces no bastaría con una violación a los derechos humanos para dejar a personas peligrosas libres. Esta es su excusa para no hacer bien su trabajo, por no decir que una excusa para la corrupción que existe en nuestras instituciones de justicia.

Las comisiones de derechos humanos son importantes porque su función es protegernos de los abusos del gobierno. Recordemos que el respeto a los derechos humanos fundamentales es una condición necesaria para que exista un orden social democrático. Los gobiernos totalitarios se han caracterizado por no respetar esos derechos fundamentales y hemos sido testigos de las atrocidades que han cometido.

Por ello, es necesario que los ciudadanos nos dediquemos a vigilar constantemente a esas comisiones. Vigilar que realmente estén velando por el bien del ciudadano y no que estén respondiendo a intereses políticos, económicos o ideológicos. Vigilar que actúen de forma autónoma. Vigilar que fomenten el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos. Tenemos que saber criticarlas cuando hagan las cosas mal o cuando no estén cumpliendo con sus deberes. Es no quiere decir que no haya que apoyarlas cuando busquen incidir de forma positiva en las políticas públicas o en la legislación o cuando tengan que enfrentarse a algún gobernante poco respetuoso de los derechos humanos. Así es la democracia y, mientras los ciudadanos sigamos con los brazos cruzados, seguiremos siendo víctimas de gobernantes abusivos y corruptos y de autoridades incompetentes…